Colombia: el nuevo caso de brutalidad policial enciende las protestas

Dos policías aplicaron descargas eléctricas en repetidas ocasiones y durante largo tiempo al abogado Javier Ordóñez, a pesar de que él les imploró que pararan los choques. Las autoridades aseguran que investigarán los hechos en los que mataron al ciudadano y decenas de manifestantes rechazan la violencia policial.

“Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”. Esas fueron las palabras con las que el abogado Javier Ordóñez Bermúdez le suplicó a la Policía de Bogotá, en Colombia, que dejaran de darle choques eléctricos con el táser. Pero un video registra que al menos durante más de dos minutos los uniformados siguieron electrocutándolo. A Ordóñez, de 46 años, lo mataron sin que todavía se conozca qué pasó después de que la Policía se lo llevó al Comando de Acción Inmediata (CAI), que es un puesto de esta agencia de la fuerza pública.

Los familiares de la víctima convocaron desde la tarde de este miércoles a una ‘velatón’ para protestar de manera pacífica frente al puesto policial donde lo retuvieron minutos antes de su muerte, en el barrio Villa Luz. Sin embargo, las manifestaciones se convirtieron en disturbios y en choques entre los ciudadanos y la Policía.

Las protestas se expandieron a otros lugares de la capital colombiana. Incluso, varios CAI de Bogotá fueron incendiados y hubo ‘cacerolazos’ para rechazar la muerte de Ordóñez en medio de un hecho de brutalidad policial. En Medellín, la segunda ciudad más importante del país, también hubo manifestaciones en contra de la violencia de uniformados.

Los hechos que motivaron las protestas comenzaron en la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en el oeste de Bogotá. Uno de los amigos de Ordóñez le dijo al medio local ‘Caracol Televisión’ que estaban tomando licor en la calle, algo que las autoridades nacionales prohibieron como parte de las medidas para controlar la pandemia del Covid-19.

En esos momentos, llegó la Policía y uno de los agentes le advirtió a Ordóñez que esta vez “no se salvaba”, en referencia a que lo había visto en otras ocasiones ingiriendo alcohol. El abogado replicó que lo multara.

Lo que ocurrió a continuación se conoció públicamente por los videos que circularon en redes sociales al otro día. Las imágenes evidencian cómo por lo menos dos agentes de Policía tuvieron en el piso a Ordóñez mientras le propinaban descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo de manera prolongada, a pesar de que él mismo y las personas de alrededor que grababan los hechos les gritaron a los agentes que dejaran accionar el táser.

“Les está diciendo que ‘por favor’ (paren); los estamos grabando”, pidió un hombre a los policías, y ante la negativa de estos a detener su agresión el testigo insistió: “Hace rato dijo ‘por favor’; déjenlo ya tranquilo”. Contrario a las peticiones de las personas, en un momento del video se ve cómo uno de los uniformados intentó impedir que siguiera grabando la escena.

El mismo testigo que habló con medios locales aseguró que después del incidente, los policías llevaron a Ordóñez a un CAI y nadie tiene certeza aún de qué ocurrió allí. Según los familiares de la víctima, los agentes lo habrían golpeado y habrían continuado los abusos en su contra. Finalmente, Ordóñez fue trasladado a un centro de salud, donde murió a los pocos minutos después de ingresar.

Las autoridades aseguran que investigarán los hechos

Este reciente hecho de brutalidad policial despertó el rechazo de diferentes autoridades en Colombia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y quien es uno de los jefes de la Fuerza Pública en el país, aseguró que “los dos agentes son objeto de investigación disciplinaria y penal y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, el organismo oficial dedicado a la vigilancia de los derechos humanos, también manifestó su rechazo a las “acciones en las que predomine el uso excesivo de la fuerza”, le pidió a la Policía que esclarezca los hechos y anunció que “verificará cualquier situación que pueda violar los derechos humanos”.

La Policía sostiene que ya suspendieron a los uniformados involucrados en el hecho y en medios locales el general Gustavo Moreno, subdirector de la entidad, reconoció que “indudablemente hubo un exceso de autoridad que se está investigando tanto disciplinaria como penalmente”. Los medios colombianos también registraron que a uno de los acompañantes de Ordóñez lo investigan por agresión a un servidor público.

Otra de las autoridades en pronunciarse fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y quien también funge como jefa de la Policía en la capital colombiana. La funcionaria aseguró que, por un lado, le garantizarán a los familiares de la víctima “la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso”. Además, la alcaldesa espera una condena ejemplar “para que haya una reforma estructural (al interior de la Policía) que prevenga y sancione el abuso policial”.

Las experiencias con otros casos de brutalidad policial

A pesar de las promesas de las autoridades por investigar a los policías implicados, otros casos recientes y similares en Colombia demuestran que las indagaciones tardan en arrojar  resultados.

El 25 de noviembre de 2019, el joven Dilan Cruz murió en una clínica en el centro de Bogotá dos días después de que un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía le disparara una bolsa llena de perdigones que le impactó en la cabeza. Cruz asistía a las protestas sociales contra del Gobierno de Iván Duque.

Más de siete meses después de los hechos, las investigaciones en contra del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien disparó al joven, todavía no concluyen. Por ahora, lo único que ha sucedido con el caso es que la Justicia ordinaria ratificó que la Justicia Penal Militar es la que debe juzgar el proceso, mientras que la Procuraduría sigue investigando si hubo o no una violación disciplinaria por “presunto uso excesivo de la fuerza” por parte del oficial.

Otro de los casos más sonados en Colombia fue el de Ánderson Arboleda, un joven afrodescendiente al que mataron el pasado 20 de mayo de 2020 y quien falleció en una clínica de la ciudad de Cali, en el suroeste del país. El joven estuvo en coma, con muerte cerebral, después de que varios policías lo golpearan.

El director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, dijo en su momento que diez agentes ya entregaron sus declaraciones. Como en el caso de Cruz, este proceso todavía continúa en investigaciones.

Uno de los casos más emblemáticos de la brutalidad policial en Colombia fue el del asesinato del menor de edad y grafitero Diego Felipe Becerra, en 2011. El patrullero Wilmer Alarcón le disparó por la espalda al joven mientras este dibujaba un grafiti en el noroeste de Bogotá. Aunque seis años después la Justicia colombiana condenó al agente a 37 años de cárcel por matar a Becerra, el uniformado se fugó y todavía no lo han capturado.

Colombia: new case of police brutality ignites protests

Two policemen applied electric shocks repeatedly and for a long time to lawyer Javier Ordóñez, despite the fact that he implored them to stop the clashes. The authorities assure that they will investigate the events in which the citizen was killed and dozens of protesters reject the police violence.

“Now, please, now, no more. Please no”. Those were the words with which the lawyer Javier Ordóñez Bermúdez begged the Bogotá Police in Colombia to stop giving him electric shocks with the taser. But a video records that for at least more than two minutes the uniformed men continued to electrocute him. Ordóñez, 46, was killed without it yet being known what happened after the police took him to the Immediate Action Command (CAI), which is a post of this public force agency.

The victim’s family members called a ‘candlelight’ since Wednesday afternoon to protest peacefully in front of the police post where they held him minutes before his death, in the Villa Luz neighborhood. However, the demonstrations turned into riots and clashes between citizens and the Police.

The protests spread to other parts of the Colombian capital. Several CAIs in Bogotá were even set on fire and there were “cacerolazos” to reject Ordóñez’s death in the middle of an act of police brutality. In Medellín, the second largest city in the country, there were also demonstrations against violence by uniformed men.

The events that led to the protests began at dawn on Wednesday, September 9, in western Bogotá. One of Ordóñez’s friends told the local media ‘Caracol Televisión’ that they were drinking liquor in the street, something that the national authorities prohibited as part of the measures to control the Covid-19 pandemic.

At that time, the police arrived and one of the agents warned Ordóñez that this time “he was not saving himself”, referring to the fact that he had seen him drinking alcohol on other occasions. The lawyer replied to fine him.

What happened next was publicly known through the videos that circulated on social networks the next day. The images show how at least two police officers had Ordóñez on the floor while giving him electric shocks in different parts of the body for a long time, despite the fact that he and the people around who recorded the events yelled at the agents who will let the taser work.

“He is telling them ‘please’ (stop); We are recording them, “a man asked the police, and given their refusal to stop his attack, the witness insisted:” A while ago he said ‘please’; leave it alone ”. Contrary to people’s requests, at one point in the video it is seen how one of the uniformed men tried to prevent him from continuing to record the scene.

The same witness who spoke to local media said that after the incident, the police took Ordóñez to a CAI and no one is yet certain what happened there. According to the victim’s next of kin, the agents beat him and the abuses against him continued. Finally, Ordóñez was transferred to a health center, where he died a few minutes after entering.

The authorities assure that they will investigate the facts

This recent act of police brutality aroused the rejection of different authorities in Colombia. Defense Minister Carlos Holmes Trujillo, who is one of the heads of the Public Force in the country, assured that “the two agents are subject to disciplinary and criminal investigation and the institution will give all the collaboration required by the competent authority” .

For its part, the Ombudsman’s Office, the official body dedicated to monitoring human rights, also expressed its rejection of “actions in which the excessive use of force predominates,” and asked the Police to clarify the facts. and announced that “it will verify any situation that may violate human rights.”

The Police maintain that they have already suspended the uniformed officers involved in the incident and in local media General Gustavo Moreno, deputy director of the entity, acknowledged that “undoubtedly there was an excess of authority that is being investigated both disciplinary and criminally.” The Colombian media also recorded that one of Ordóñez’s companions is being investigated for assaulting a public servant.

Another of the authorities to speak was the mayor of Bogotá, Claudia López, who also serves as chief of the Police in the Colombian capital. The official assured that, on the one hand, they will guarantee the victim’s relatives “psychosocial and judicial assistance so that there is an exemplary conviction of those directly responsible for this case.” In addition, the mayor expects an exemplary sentence “for there to be a structural reform (within the Police) that prevents and punishes police abuse.”

Experiences with other cases of police brutality

Despite promises by the authorities to investigate the police officers involved, other recent and similar cases in Colombia show that investigations are slow to yield results.

On November 25, 2019, the young Dilan Cruz died in a clinic in the center of Bogotá two days after a member of the Mobile Anti-riot Squad (Esmad) of the Police fired a bag full of pellets that hit him in the head. . Cruz attended the social protests against the government of Iván Duque.

More than seven months after the events, the investigations against Captain Manuel Cubillos Rodríguez, who shot the young man, have not yet concluded. For now, the only thing that has happened with the case is that the ordinary Justice ratified that the Military Criminal Justice is the one that must judge the process, while the Attorney General’s Office continues to investigate whether or not there was a disciplinary violation for “alleged excessive use of the force ”by the officer.

Another of the most notorious cases in Colombia was that of Ánderson Arboleda, a young Afro-descendant who was killed on May 20, 2020 and who died in a clinic in the city of Cali, in the southwest of the country. The young man was in a coma, brain dead, after several policemen beat him.

The director of the National Police, General Óscar Atehortúa, said at the time that ten agents have already delivered their statements. As in the case of Cruz, this process is still under investigation.

One of the most emblematic cases of police brutality in Colombia was the murder of a minor and graffiti artist Diego Felipe Becerra in 2011. The patrolman Wilmer Alarcón shot the young man in the back while he was drawing graffiti in the northwest of Bogotá . Although six years later the Colombian Justice sentenced the agent to 37 years in prison for killing Becerra, the uniformed man escaped and has not yet been captured.

Comunicador/a Intercultural